Analizar los dictámenes jurídicos sobre responsabilidad patrimonial sanitaria en reclamaciones administrativas por atención urgente extrahospitalaria.

Estudio observacional transversal de una base de datos con 2.382 dictámenes de los años 2013-2022, en materia de responsabilidad sanitaria en el ámbito de una comunidad autónoma. Las variables recogidas fueron administrativas, clínicas, temporales, judiciales y cuantías indemnizatorias. Análisis estadístico descriptivo. Aspectos ético-legales: Los dictámenes los emite el órgano consultivo de la Administración, se publican en abierto (internet) y son anónimos respecto a los usuarios, no existe conflicto de confidencialidad.

Se analizaron los 616 dictámenes de responsabilidad patrimonial sanitaria, de los cuales 28 (4,5%) fueron reclamaciones contra servicios de urgencias extrahospitalarias. La cuantía media indemnizatoria solicitada fue 232.460€ (mediana 166.000€).

Fallecieron 19 (68%), como consecuencia de la actuación sanitaria según los reclamantes. La patología fue vascular aguda en 14 (50%): infarto de miocardio, ictus, miocarditis, parada cardiorrespiratoria; seguida de una miscelánea: meningitis, epilepsia, suicidio, traumatismos…

El fallo fue estimatorio en 14 (50%), más probable cuando falleció el paciente (33% vs. 61%). La indemnización media fue 33.270 € (rango 600€ -105.600€), mediana 10.250€. El motivo principal de reclamación fueron error o retraso diagnóstico (pérdida de oportunidad) en 14 (50%), error de tratamiento 8 (28.6%), daño moral y defecto consentimiento.

La mediana de demora desde los hechos hasta el dictamen fue 1.120 días, desde la reclamación al dictamen 772 días. Las reclamaciones se presentaron mayoritariamente dentro del año de los hechos (mediana 352 días)

La urgencia extrahospitalaria tiene pocas demandas para el volumen de actividad desarrollada. El retraso diagnóstico y la pérdida de oportunidad que supone fue el motivo más frecuentemente alegado. La patología mayoritaria fue vascular aguda, frecuentemente mortal. La mitad de las reclamaciones son estimadas, aunque con retrasos significativos, y las cuantías indemnizatorias son sensiblemente inferiores a las solicitadas, aunque mayores cuando el paciente fallece.