Una atención óptima al final de la vida exige su desarrollo en el territorio de la Atención Primaria (AP) y un tránsito compartido entre el paciente, su familia y el médico de familia. Para este trayecto son necesarias varias herramientas:

1. Normas jurídicas y deontológicas que aporten suelo firme para pisar.
2. Definición clara de los diferentes escenarios al final de la vida para evitar confusiones interesadas.
3. Competencia técnica para llevar adelante una atención de calidad en atención paliativa y terminal, eludiendo una supuesta oposición o enfrentamiento a cuidados paliativos.
4. Dotar al proceso de atención de la dimensión espiritual, sin deslizamientos hacia una religiosidad caritativa.
5. Incorporar ineludiblemente la planificación de decisiones compartida con los pacientes y sus familias.

Estas herramientas garantizan: calidad, integralidad y longitudinalidad.

Dentro del proceso de atención al final de la vida existe un debate profesional, político y social acerca de la regulación de dos escenarios del final de la vida, actualmente considerados delitos penales, la eutanasia y el suicidio asistido.

Algunos países del mundo occidental han regularizado y despenalizado ambas situaciones. La experiencia de estos países muestra que se ha logrado generalizar procedimientos garantistas y transparentes para asegurar la capacidad, la libertad de elección, la ausencia de alternativas al sufrimiento, el apoyo en las decisiones entre diferentes profesionales y el control posterior. No obstante, se conocen también los principales problemas planteados:

• ¿Quién es realmente competente para solicitar una eutanasia y suicidio asistido en condiciones de capacidad, libertad e información plena?
• ¿Bajo qué condiciones debe realizarse la actuación asistencial?
• ¿Cómo regular la objeción de conciencia de los profesionales que no desean intervenir en estos escenarios?
• ¿Qué mecanismos de control son necesarios para evitar perversiones y evaluar resultados?