La Ley orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia incluye la prestación de ayuda para morir dentro del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la puesta en marcha por las administraciones autonómicas está siendo muy desigual. 

En nuestra realidad asistencial, encontramos pacientes que realizan la demanda de eutanasia a sus profesionales de atención primaria u hospitalaria, no siendo esta registrada y llegando finalmente al hospital en el momento de un ingreso por otro motivo. Dicha demanda se efectúa a través de la queja y es rápidamente trasladada a la Comisión de Eutanasia hospitalaria. 

En los casos concernientes a la Atención Primaria los médicos se habían declarado objetores. La Comisión de Eutanasia contactó con los centros de salud, algunos de los cuales tenían un porcentaje de objetores cercano al 100%. Se organizó una reunión con responsables de ambos niveles asistenciales, encontrando problemas como: 

• Falta de formación y tiempo. Soledad. 

• Porcentaje elevado de objetores de conciencia. 

Ante esta realidad, se decidió dar a conocer el papel de la Comisión de Eutanasia no como equipo «eutanasiador», sino como soporte a los médicos y enfermeras responsables. Asimismo, se han impulsado formaciones para aclarar el papel del médico objector e implicar a los equipos en el acceso real a la eutanasia.

• Ante la necesidad de implementar prestaciones sanitarias como la eutanasia, es necesario el diálogo entre profesionales y niveles asistenciales para compartir los problemas y buscar soluciones. 

• La desigualdad en el acceso a un derecho como la eutanasia debe hacernos reflexionar sobre nuestras actuaciones como profesionales y gestores implicados.