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PAPPS. Vacunación obligatoria: entre la ética, el derecho y la salud pública

En los últimos años y, a raíz del aumento de brotes a nivel mundial de enfermedades prevenibles por vacunas, como el sarampión, el debate sobre la obligatoriedad de la vacunación está sobre la mesa y se ha intensificado desde que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel mundial provocada por el SARS-CoV-2.

En los últimos años y, en respuesta al descenso de las coberturas de vacunación, países como Francia, Italia o Polonia han hecho obligatorias algunas vacunas para la edad infantil y el no cumplimiento de éstas conllevan multas o imposibilidad de acceder a las escuelas a los menores de 6 años como en Italia.

La vacunación obligatoria en personal sanitario es otro debate importante porque las personas que trabajan en el ámbito sanitario están más expuestas a enfermedades inmunoprevenibles y pueden transmitirlas a las personas vulnerables y a este problema se suma que pueden comprometerse servicios esenciales para la comunidad por el alto absentismo laboral en situación de epidemia y que hemos vivido en esta pandemia. En este sentido, en EEUU muchos centros sanitarios han hecho obligatoria la vacunación contra la gripe y recientemente contra la Covid 19 y, en nuestro entorno, Italia ha sido el primer país europeo en hacer obligatoria la vacunación contra la Covid 19 en personal sanitario.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos. e incluso podrían considerarse necesario en una sociedad democrática. Según el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención médica correspondiente acorde a las condiciones establecidas en las disposiciones nacionales.

Pero, ¿son justificables las vacunaciones obligatorias?

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